Diario Z, 9 de enero de 2020
Entre el 70 y 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, de entre 12 y 14 años, que denunciaron haber sufrido algún delito contra la integridad sexual, lo hicieron luego de haber recibido clases de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela. El dato surge de un informe elaborado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, que a partir de agosto del año pasado colabora con la Procuración General de la Nación para realizar entrevistas a víctimas de estos delitos en su sala especializada.
«La sala se creó para llevar a cabo la toma de declaración de los niños, niñas y adolescentes», señala el informe. «Como consecuencia de la firma del convenio de cooperación con la Procuración General se comenzó a prestar servicios para fiscalías nacionales y a recepcionar causas de delitos contra la integridad sexual».
El documento indica que el 25% de los denunciantes son niños y un 74 % niñas. «Hay un porcentaje importante de declaraciones de mayores de 9 años vinculada a delitos contra la integridad sexual, en los que hemos encontrado un dato relevante. Principalmente el grupo etario de 12 a 14 años relata que la develación surge a partir de las clases de educación sexual integral en la escuela, que allí se dieron cuenta que situaciones que habían vivido anteriormente, cuando eran más pequeños, pueden resignificarse a partir de los conocimientos adquiridos en la clase», destaca el informe.
La asesora General Tutelar del Ministerio, Yael Bendel, fue consultada al respecto por Diario Z. «Es cierto que en la franja de los mayores de 12 años se nota con mayor claridad el impacto de la clases de educación sexual integral. Sin embargo, eso no quiere decir que en los más chicos no sea importante y no influya también en su capacidad de entender y contar lo que les pasa».
Bendel destacó que el trabajo de la cartera se realiza «a partir de las denuncias penales. Nosotros hacemos la tarea de escuchar a los niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos».
La Sala de entrevista especializada se inauguró en abril de 2018. Inicialmente trabajó con casos derivados de la justicia penal de la Ciudad, principalmente vinculados a situaciones de hostigamiento, maltrato y lesiones leves. A partir del acuerdo con la Procuración General comenzó a trabajar también con delitos contra la integridad sexual.
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