El Ancasti, 24 de diciembre de 2019
Las palabras sí importan. Para designar determinadas realidades, no da lo mismo usar un vocablo que otro. El lenguaje está en constante mutación, y una de las causas de esta transformación permanente es que cambian la realidad y los valores vigentes.
Las palabras debilitan, pero también empoderan. Denigran, pero también enaltecen. Hasta no hace mucho, las personas con discapacidad eran nombradas con términos hirientes, estigmatizantes: locos, dementes, lisiados, inválidos, impedidos, subnormales.
La Justicia, con buen criterio, también evoluciona hacia criterios más ajustados a los nuevos paradigmas, incorporando términos que considera más adecuados para describir la realidad actual del Derecho.
Hace algunos días, el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires decidió incorporar nuevas terminologías, más adecuadas a los tiempos que corren, para hablar de delitos cometidos hacia niñas, niños y adolescentes. Según la nueva resolución, se deberá hablar de “explotación sexual de niñas, niños y adolescentes” en lugar de “prostitución infantil”. Además, la construcción “abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes” reemplazará a “abuso sexual infantil”; “materiales de representación sexual de niñas, niños y adolescentes” a “pornografía infantil”, y “trabajo de niñas, niños y adolescentes prohibido” a “trabajo infantil”.
La resolución lleva la firma de la Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, Yael Bendel. “En materia de derecho –señala-, si bien los conceptos y términos jurídicos deben contener una precisión técnica que permita reflejar el verdadero significado que se les asigna, ello no impide que puedan (y deban) ser sujetos a modificaciones propias de un dinamismo que incorpore el uso de términos más adecuados a los cambios de paradigma vigentes”.
El cambio no es antojadizo ni arbitrario. Los viejos términos utilizados, según la asesora, “no representan íntegramente la gravedad de estos delitos y puede dar lugar a erróneas interpretaciones que impliquen estigmatizar, alterar o invisibilizar el fenómeno que describen. Estas acciones son producidas por una persona adulta contra niñas, niños y adolescentes y representan aberrantes violaciones a los derechos humanos de éstos”.
Los aportes apuntan de manera directa al Poder Judicial porteño (es probable que se vaya progresivamente extendiendo a tribunales de todo el país, hasta unificar los criterios), pero de un modo indirecto promueve la concientización de los medios de comunicación y de la población en general.
Así como el cambio de las denominaciones en materia de discapacidad acompañaron y provocaron al mismo tiempo avances en la caracterización de las personas con discapacidad, en la valoración de sus potencialidades y en el respeto de sus derechos, los cambios en el lenguaje de la Justician persiguen objetivo similar en su ámbito de competencia.
No solo importa lo que se dice, sino cómo y con qué palabras.
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