La Nación, lunes 20 de abril de 2009
Por Pablo Tomino
En medio del debate social sobre la edad de imputabilidad de los delincuentes menores, desde la semana pasada un cambio se lleva adelante en la Capital: los menores de 18 años que cometan daños, lesiones en riña o a los que se acuse de tenencia y portación de armas civiles, entre otros delitos no graves, irán a un nuevo centro del gobierno porteño y no podrán ser llevados a ninguna de las 53 comisarías que hay en el distrito.
Lo paradójico es que los adolescentes que cometan otro tipo de delitos más graves, como homicidios o robos, seguirán siendo alojados en seccionales de la Policía Federal, porque esas figuras aún no fueron transferidas a la órbita de la justicia de la ciudad de Buenos Aires.
"Es un avance muy importante, porque se cumplirá con mandatos constitucionales. Lo ideal sería que sirviera de motor para modificar la situación en todo el distrito, ya que está siendo lento el traspaso de toda la Justicia a la órbita de la ciudad y la autonomía debe ser plena", dijo a LA NACION Laura Musa, asesora general tutelar del Ministerio Público de la ciudad.
En diciembre de 2008 se dictó la ley de procedimiento penal de minoridad para que se declarara la ilegalidad de tener menores en las comisarías por averiguación de antecedentes. En ese entonces, la Defensoría General tenía contabilizados unos 80 jóvenes detenidos en comisarías -algunos de 12 y 13 años- por delitos que correspondían al ámbito de la ciudad.
"La presentación se hizo ante la evidencia de que en Buenos Aires los niños, niñas y adolescentes imputados en los delitos eran privados de libertad en las comisarías, con el objeto de ser identificados. De esta manera, permanecían en dependencias policiales en clara contraposición local e internacional", dijo Musa.
El nuevo lugar de detención que comenzó a funcionar para los menores es el Centro de Identificación y Espera de Niños, Niñas y Adolescentes, en Tacuarí 138. El edificio fue cedido por el Consejo de la Magistratura y es administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Otra infraestructura
Según pudo saber LA NACION, la infraestructura edilicia es muy diferente de la de una comisaría: no posee celdas ni rejas, hay vidrios irrompibles, colchones ignífugos, un sistema de alarma contra incendios, un circuito cerrado de televisión, baños para hombres y mujeres y un protocolo de emergencia por cualquier eventualidad, ya sea por la necesidad de contar con una ambulancia del SAME o con la presencia de efectivos policiales.
"Es un hecho histórico, pero lo más importante es que el Poder Ejecutivo y el Judicial pueden hacer algo juntos. En realidad, será dirigido por el Poder Ejecutivo y se elevó el estándar jurídico de la niñez", dijo a LA NACION el juez en lo penal, contravencional y de faltas N° 7 de la ciudad, Javier Buján.
En ese centro los detenidos son cuidados por personal civil sin armas y capacitado especialmente, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y sólo hay policías en el ingreso para realizar trámites administrativos.
El subsecretario de Justicia de la ciudad, Daniel Presti, dijo a LA NACION que "la creación de este nuevo programa refuerza la autonomía de la ciudad y es fruto del trabajo realizado en forma coordinada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteños".
El centro se inauguró justo dentro del plazo ordenado por el juez Buján, que en diciembre pasado prohibió la detención en comisarías de menores que hayan cometido cualquier contravención o delito en los que tenga jurisdicción la justicia porteña.
Desde el año pasado, las causas judiciales por delitos menores -como lesiones en riña, abandono de persona, exhibiciones obscenas, amenazas, violación de domicilio, usurpación, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, protección de maltratos contra animales, actos discriminatorios y tenencia y portación de armas de uso civil, entre otros-, que antes tramitaban en el fuero correccional nacional, son tratados en el ámbito porteño.
"Esta acción pone al descubierto la paradójica situación que reina en la ciudad, en la que confluyen dos justicias que producen distintos estándares de los derechos de protección de los niños", dijo Musa.
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