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InicioIntento de privatización del Sistema de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires
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Intento de privatización del Sistema de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires

Intento de privatización del Sistema de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires

28 Feb , 12

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de febrero de 2012

El Gobierno de la Ciudad dio el primer paso para privatizar el servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos, en franca violación a la Ley Local Nº 448 y a la Ley Nacional Nº 26.657, así como a la Constitución de la CABA.

El Ministro de Salud de la CABA firmó, el día 3 de enero de 2012 la Resolución Nº 52/MSGC/12, en la que se aprueban los pliegos de bases y condiciones para la licitación del servicio de “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiatricos”, con el objeto de lograr su rehabilitación y reinserción social, derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA.

La resolución establece  un monto de $ 12.702.000 para el servicio que pretende privatizar y no tiene otro fundamento normativo más que aquel que regula las contrataciones y licitaciones. Tampoco se justifican las razones de orden fáctico que dan lugar a la contratación del servicio que se licita.

La Constitución de la CABA así como las leyes de salud mental local y nacional prevén la desinsintitucionalización progresiva de las personas internadas por razones de salud mental y la ley nacional prohíbe la creación de nuevos manicomios a  la vez que obliga a adaptar los ya existentes hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Por su parte, en el modelo propuesto por la Ley 448 y reforzado por la Ley 26.657, la internación es un recurso de carácter restrictivo y debe ser lo mas breve posible.

De esas normas se deduce claramente que el GCBA tiene vedado crear o contratar nuevos servicios de internación máxime cuando el servicio que se contrata es para una internación prolongada. Por mandato legal, el GCBA está obligado a adecuar los hospitales monovalentes a las modalidades de abordaje previsto en las leyes citadas y a crear dispositivos alternativos que propicien las externaciones. 

La creación de dispositivos alternativos es además un mandato que la Justicia le ha impuesto al GCBA en la sentencia de habeas corpus iniciada por el Ministerio Publico Tutelar y que el Poder Ejecutivo Local se resiste a darle cumplimiento.

El Ministerio Público Tutelar denuncia que la decisión del GCBA de privatizar la salud mental es ilegal,  configura una nueva vulneración de los derechos de las  personas afectadas en su salud mental y constituye un grave retroceso en materia de salud pública.

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