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InicioEl Ministerio Público Tutelar repudia la represión ejercida por parte del Gobierno porteño en el hospital “José T. Borda”
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El Ministerio Público Tutelar repudia la represión ejercida por parte del Gobierno porteño en el hospital “José T. Borda”

El Ministerio Público Tutelar repudia la represión ejercida por parte del Gobierno porteño en el hospital “José T. Borda”

30 Abr , 13

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2013

El Ministerio Público Tutelar repudia los hechos de público conocimiento ocurridos el 26 de abril de 2013 en el hospital José T. Borda.

Se pudo comprobar un fuerte despliegue ordenado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con importante presencia de la Policía Metropolitana que ejerció represión contra trabajadores/as sanitarios/as y personas usuarias que se encontraban en el lugar, lo cual incluyó el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma, dejando un saldo de heridos que debieron recibir atención.

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad es garante de la seguridad y bienestar de las personas internadas en dispositivos sanitarios, en total violación a dicha responsabilidad, ejerció violencia directa contra la salud física y psicofísica de todas las personas internadas y concurrentes al hospital.

Cabe subrayar que es inaudito que las personas que concurren a un dispositivo de salud, a fin de recibir tratamientos de rehabilitación, sean víctimas de represión policial. Además de incumplir las leyes de salud mental de la Ciudad y de la Nación, que disponen la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes por dispositivos comunitarios, el Gobierno de la Ciudad agrava las condiciones de internación de las personas usuarias de los servicios de salud mental con un procedimiento de inusual violencia que configura una clara violación de los derechos humanos de las personas internadas.

Desde este organismo se inició una acción de habeas corpus en defensa de los derechos de las personas internadas en ese hospital y se presentaron acciones judiciales para determinar la responsabilidad penal de los/as funcionarios/as hayan ordenado la represión.

La Asesoría General Tutelar manifiesta su rotundo repudio a este tipo de acciones de abuso y violencia institucional, absolutamente incompatibles con un Estado de Derecho, y continúa exigiendo la efectiva implementación de la Ley 448 y de la Ley Nacional 26.657.