Un fallo determinante que obliga a sancionar un régimen penal juvenil garantista
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de julio de 2013.
Frente al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado argentino en el caso sobre las condenas a prisión perpetua de personas menores de edad, nuestro país no tendrá más pretextos para detener la concreción de un sistema de responsabilidad penal juvenil verdaderamente respetuoso de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.
La Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales de menores de edad, obligando a modificar la legislación penal en materia juvenil. Laura Musa, Asesora General Tutelar de la Ciudad, manifestó que esta decisión de la Corte “interpela a la política y obliga a cumplirla dictando una ley democrática consistente con la Constitución Nacional. Hay que derogar el decreto de la dictadura que aún está vigente”.
Musa sostuvo, asimismo, que “se debe romper el aparente silencio debajo del cual están sucediendo cosas como finalmente ocurrió con este fallo”. Y resaltó que “urge un debate para que se dicte una ley de Responsabilidad Penal Juvenil, debate existente hasta el 2009, año en el que el Senado Nacional dio media sanción a un proyecto de ley acompañado intrapartidariamente".
Argentina es el único país en América Latina que ha sentenciado a personas menores de 18 años de edad a la pena de prisión y reclusión perpetua. Por ese motivo, y ante el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sancionar al Estado Argentino.
El Tribunal consideró que dichas penas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, operando en un sentido meramente retributivo. Además, por su desproporcionalidad, la imposición de estas penas constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes, y además violó el derecho a la integridad personal de sus familiares.
El fallo obliga al Estado argentino a ajustar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como también a implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, desde la gestión de Laura Musa como Asesora General Tutelar, se impulsa y se trabaja diariamente a fin de lograr una adecuada ejecución de la normativa legal vigente -en este caso específico, en materia penal juvenil, pues a pesar de que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la ley 2451, aún queda pendiente la conformación de órganos jurisdiccionales especializados para dar cabal cumplimiento a la reglamentación vigente en base a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no deja lugar a que nuestro país siga ignorando la necesidad de sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil garantista y respetuoso de derechos, fundamental para un Estado democrático.
Laura Musa
Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comunicado de prensa de la CorteIDH y fallo completo en los siguientes links: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_11_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos